Declaración de Trans Europa y Asia Central (TGEU), 15 de octubre de 2026
Más de dos meses después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, muchas siguen viviendo en condiciones precarias, sin acceso adecuado a alojamiento, servicios básicos ni protección internacional. Entre ellas se encuentran solicitantes de asilo trans que han huido de la persecución, solo para enfrentarse a más violencia, inseguridad y la amenaza de ser devueltas a una situación de peligro. Su situación forma parte de una crisis humanitaria más amplia que afecta a las personas en situación de desplazamiento en Ceuta, todas las cuales merecen seguridad, dignidad y acceso a la protección.
Nos preocupan profundamente las denuncias de agresiones físicas, acoso y malos tratos a personas que buscan protección en Ceuta. Un informe de Border Resistance, un colectivo de base que trabaja en la frontera, documenta al menos siete presuntos incidentes de violencia contra personas LGBTI entre el 21 de agosto y el 6 de septiembre. Una mujer trans describió cómo fue agredida por agentes de policía tras ser expulsada de un centro de acogida, y afirmó: «Somos trans, no podemos vivir en la calle porque nos atacan». Otra persona contó que había huido de Marruecos tras recibir amenazas de muerte por parte de su familia. Estos testimonios ponen de manifiesto los graves riesgos a los que se enfrentan las personas trans y otras personas LGBTI que buscan protección en Ceuta, solo para encontrarse con más violencia e inseguridad. También rechazamos la descripción racista y deshumanizadora de las personas que llegan a Ceuta como una «invasión», un lenguaje que alimenta la discriminación y la hostilidad y socava el derecho a solicitar asilo.
«Las personas trans en Ceuta se enfrentan a riesgos específicos y graves en el marco de una crisis humanitaria más amplia. Nuestra solidaridad está con todas las personas migrantes en Ceuta: todo el mundo merece seguridad, dignidad y un acceso real al asilo».
– Tayri Fadil (ella), miembro de la Junta Directiva de TGEU
Para las personas que huyen de la persecución por su identidad de género, el acceso al asilo puede ser una cuestión de vida o muerte. Marruecos sigue tipificando como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y las personas trans se enfrentan a graves riesgos de violencia, discriminación y exclusión. Los documentos judiciales indican que siete personas LGBTI detenidas en Fez en agosto de 2026 fueron condenadas cada una a ocho meses de prisión, que debían cumplir de forma inmediata, y a una multa, mientras que otra persona recibió una condena de tres meses de prisión con suspensión de la pena. Sin embargo, la inclusión de Marruecos en la lista de la UE de los denominados «países de origen seguros» corre el riesgo de ocultar estos peligros y de exponer a las personas con necesidades legítimas de protección a procedimientos acelerados y a la expulsión. Tal y como advertimos en febrero, considerar que un país es seguro basándose en evaluaciones generales puede ocultar la persecución específica y, en ocasiones, potencialmente mortal que sufren las personas trans.
«Solicitar asilo ya es de por sí uno de los viajes más dolorosos que una persona puede emprender. Cuando eres una persona trans BIPOC, es posible que ni siquiera consigas llegar con vida a un lugar seguro, pero ver cómo España devuelve por la fuerza a las personas solicitantes de asilo más allá de sus fronteras es inconcebible y constituye una grave violación de los derechos humanos que debería alarmarnos a todas las personas».
– Purity Tumukwasibwe (ella), miembro de la Junta Directiva de TGEU
Estas preocupaciones son especialmente urgentes tras las noticias sobre los cambios propuestos en los procedimientos de asilo en España, que restringirían aún más las garantías para los solicitantes procedentes de países considerados seguros. Dichas propuestas reflejan una tendencia generalizada hacia las expulsiones aceleradas y el debilitamiento de las garantías de protección, tal y como se observa en el Reglamento de Retornos de la UE, que condenamos en julio. Cualquier medida que permita expulsar a las personas solicitantes antes de que se haya realizado una evaluación efectiva de los riesgos a los que se enfrentan —incluso mientras impugnan una resolución denegatoria de asilo— expondría a las personas solicitantes trans a daños irreversibles.
España tiene la obligación, en virtud del Derecho europeo e internacional, de garantizar el acceso efectivo al asilo, evaluar cada solicitud en función de sus circunstancias particulares y respetar el principio de no devolución, que prohíbe devolver a las personas a lugares donde corran el riesgo de sufrir persecución u otros daños graves. Estas obligaciones se aplican independientemente de cómo haya entrado una persona en el país o de si su país de origen ha sido designado como seguro.
Instamos a las autoridades españolas, con el apoyo y la supervisión de la Comisión Europea, a que adopten medidas inmediatas para:
- Garantizar la seguridad y la protección inmediatas de las personas trans y demás solicitantes de asilo LGBI en Ceuta, lo que incluye un alojamiento seguro y digno, el acceso a los servicios esenciales y el traslado urgente a la España peninsular de aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo, en coordinación con organizaciones especializadas de la sociedad civil.
- Garantizar unos procedimientos de asilo justos y accesibles, que incluyan la identificación confidencial de las necesidades de protección, la asistencia jurídica independiente, intérpretes cualificados y evaluaciones individuales que tengan plenamente en cuenta la persecución por motivos de identidad de género.
- Evitar las devoluciones inseguras, rechazar cualquier medida que socave la eficacia de los recursos legales y garantizar que nadie sea devuelto a un país en el que corra el riesgo de sufrir persecución, violencia u otros daños graves.
- Investigar los casos denunciados de violencia y malos tratos, garantizar que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias que impliquen al personal de seguridad, exigir responsabilidades a los culpables y proporcionar protección y recursos efectivos a las víctimas.
España y la Unión Europea deben actuar ya. Nadie que busque seguridad debería verse obligade a elegir entre la violencia en las fronteras de Europa y la persecución en el país del que ha huido. El derecho de asilo debe protegerse en la práctica, y no sacrificarse en aras de la presión política o la conveniencia administrativa.
Traducción de: https://tgeu.org/ceuta-spain-must-protect-trans-asylum-seekers-not-return-them-to-danger/
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